10 Abr 2010

La lectura del informe sobre el mercado laboral en febrero de 2010, que publica en su página Web el Dane, no deja duda sobre lo precario que es el empleo en Colombia.

Para constatar esta afirmación basta recordar que al desempleo abierto de 2.7 millones de colombianos es preciso añadir más de 9 millones de subempleados y saber que en el último año el empleo que más creció, según la misma fuente, fue el de los empleados por cuenta propia y el de los trabajadores sin remuneración.

Semejante panorama pone de presente que el mercado laboral nutre la pobreza y la desigualdad que hoy son tan palpables en nuestro país. Motivos más que valederos para que, por razones éticas, económicas y políticas, la cantidad y la calidad del empleo deban convertirse en el objetivo central de la política económica nacional, tanto en aspectos relacionados con la asignación de los recursos como en aquellos que son del ámbito macroeconómico.

Sobre lo primero, la política nacional debe introducir incentivos para crear más puestos de trabajo y realizar cambios que eliminen el sesgo contra el empleo que hoy tienen las normas tributarias, pues a través de ellas, en los últimos años, se ha privilegiado el uso de técnicas intensivas en capital en detrimento del trabajo.

Cambios que en lo macroeconómico tendrían saludables efectos puesto que si se suprimieran esas exenciones se reduciría, en forma apreciable, el déficit fiscal que ha mantenido el gobierno nacional en los últimos ocho años, y con ello sus crecientes niveles de endeudamiento. Si ello fuera así no se haría necesario traer tantos dólares para financiar su gasto y por lo tanto desaparecería una de las fuentes de la revaluación. Además un menor déficit del gobierno nacional central haría que éste necesitara menos recursos del crédito interno, lo cual llevaría a bajas permanentes en la tasa de interés y dejaría más espacio para el crédito privado. Todo ello redundaría en más crecimiento y en más empleo.

Un mejor equilibrio fiscal del gobierno nacional central produciría efectos benéficos adicionales sobre el empleo, pues haría innecesario castigar —a diferencia de lo ocurrido en los últimos años— el gasto del resto del sector público y en especial el que se ejecuta en las regiones.

Si a ello se le agregara una profunda reforma al régimen de regalías, para evitar su despilfarro y su desvío a manos privadas, las regiones tendrían recursos con que desarrollar una política de empleo que posibilite la creación de puestos de trabajo por fuera de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cali, que fueron los únicos sitios del país en donde se generó algo de empleo —así fuese de calidad precaria— en el último año.

Como se ve, hacer que el empleo deje de ser poco y pobre requiere ideas e iniciativas que vayan más allá del sonsonete sobre la seguridad democrática, la cohesión social y la confianza inversionista. Varias de esas ideas han sido expuestas por algunos de los aspirantes a la presidencia, pero qué bueno sería que, antes de las elecciones del 30 de mayo, los colombianos pudiéramos presenciar un debate entre ellos para conocer sus propuestas en relación con la pobreza que genera el mal funcionamiento del mercado laboral.